La campaña antigripal 2026 comenzó con fricciones visibles entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció públicamente demoras en la entrega de vacunas por parte de la cartera nacional que encabeza Mario Iván Lugones, sembrando la idea de faltantes en pleno arranque de la campaña.
Sin embargo, lo que efectivamente ocurre es un esquema de distribución más gradual y escalonado a nivel nacional —no exclusivo de la provincia—, al que se suma el inicio tardío de PAMI, que incrementó la demanda de forma imprevista. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos vienen administrando las dosis con mayor orden y previsibilidad desde el 9 de marzo.
El problema no es la tensión en el sistema: es el rol que elige jugar Kreplak. El ministro bonaerense tiene un patrón consolidado: ante cualquier conflicto sanitario, abandona la gestión silenciosa y se instala en los medios con una narrativa de crisis. Ya lo hizo con el dengue, donde anticipó escenarios alarmantes para 2025 que nunca se materializaron en la magnitud anunciada. Ahora repite el libreto: denuncia, amplificación, advertencias. Una operación mediática que él maneja con soltura, pero que contrasta con los datos del terreno: en la provincia, la aplicación de vacunas viene siendo irregular y, en varios distritos, por debajo del ritmo de las propias entregas. Más volumen frente a las cámaras que capacidad de ejecución en territorio.
La cuestión de fondo es más seria que un cruce político entre funcionarios. Denunciar fallas del sistema federal es legítimo, incluso necesario. Pero hay una diferencia entre señalar problemas para resolverlos y escalar el conflicto para ocupar la escena. Cuando la salud pública se convierte en un escenario de disputa mediática permanente —donde el incentivo es generar ruido y no ordenar la respuesta—, las consecuencias no son solo políticas. La percepción de crisis sanitaria, aunque esté construida sobre tensiones reales, afecta la conducta de la población, erosiona la confianza institucional y genera alarma innecesaria. En salud, ese costo no es abstracto.