En un Senado donde libertarios, peronistas y radicales no logran ponerse de acuerdo en casi nada, hay un tema que sí genera consenso transversal: el propio bolsillo. Desde enero de 2027, cada senador nacional embolsará más de $13.100.000 en bruto por mes, producto de un nuevo acuerdo paritario cerrado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.
El aumento no es una decisión política explícita, sino el resultado de un mecanismo que el propio Senado se dio en 2024: atar las dietas a los incrementos salariales de los trabajadores legislativos. Así, cada vez que sube el sueldo de los empleados del Congreso, sube automáticamente el de quienes los representan. La suba acumulada —1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre— replica exactamente el esquema pactado por el Gobierno con los estatales, aunque sin el bono.
El truco de 2024 no fue menor: la decisión se tomó a mano alzada, horas antes de una sesión, con el aval de todas las bancadas —pese a las posteriores aclaraciones sobre “donaciones” que buscaron matizar el impacto político—. La maniobra tuvo, además, un objetivo puntual: evitar que la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, tuviera que involucrarse en el tema, después de que una suba resuelta en conjunto con el titular de Diputados, Martín Menem, debiera retrotraerse semanas antes por el ruido que generó.
La estructura de la dieta explica el salto: se compone de 2.500 módulos, a los que se suman 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, más una dieta adicional —incorporada a las 12 originales— para equiparar el aguinaldo.
En un Congreso fragmentado, la única voz disonante viene, paradójicamente, de quien no cobra nada: la senadora Alicia Kirchner (Santa Cruz), que al asumir su banca prefirió mantener su jubilación como ex gobernadora antes que percibir la dieta.